Al acecho del lobo
El Barrio Sur conserva una magia peculiar e indescriptible. Serán las fachadas de los edificios que esconden un acervo aristocrático y eclesiástico, como de un poder elegante propio del siglo XIX. Serán tal vez los árboles viejos de la plaza 25 de Mayo que sobre sus hojas reposan recuerdos de nietos y abuelos jugando al reparo de su sombra. Será el aroma fresco a río que viene como un vendaval para hacerse carne en la identidad del lugar. Serán tantas cosas que embellecen y reconfortan. Sin embargo, todo aquello parece disentir con una sensación de miedo profundo que, en ocasiones, se encarna en el cuerpo de su gente cuando deben transitar las calles. Según los integrantes de la vecinal del barrio la inseguridad aumenta día a día, hasta incluso, se deben naturalizan estrategias para transitar con mayor tranquilidad. Un vecino nos cuenta:
“A veces se trata de hacer un mapa de recorridos. No es tan difícil una vez que conoces el barrio, solo hay que entender la dinámica de las calles. Monseñor Zaspe, Corrientes y Moreno no tienen luz, así que para ir del este al oeste es mejor caminar por las zonas principales e iluminadas… O en su defecto, correr en la oscuridad. 9 de Julio tiene varias instituciones educativas que están abiertas hasta después de que el sol se esconde; así que las ventanas iluminadas y el andar de los estudiantes sirven de camuflaje. Uno se acostumbra, lamentablemente se acostumbra”.
La gran mayoría de delitos ocurre de la mano de los motochorros. Esperar en la parada de colectivo significa observar el movimiento de las nubes hasta que el destino te sorprenda con uno de ellos y con una fría impunidad entone la frase más cliché: “¡dame todo!” para luego doblar en la esquina siguiente y cerrar el espectáculo con toda la función de pie.
A diario, en la escena caótica del centro de la capital, las historias de mapas de recorridos y rituales que intentan sortear la inseguridad se replican. Es por eso que la subcomisión de seguridad de la vecinal Pedro A. Candioti propone que la situación sea abordada desde dos perspectivas: las instituciones del gobierno y las familias del barrio Sur. En este sentido, la asociación presenta un informe que desarrolla tres lógicas para que los vecinos puedan participar activamente de una solución.
En primer lugar, remarcan que es importante que los afectados denuncien a las autoridades correspondientes, así estas pueden realizar una investigación en las áreas específicas donde el crimen está concentrado. Por otro lado, se plantea que los vecinos desarrollen vínculos de confianza, sentido de responsabilidad y pertenencia al barrio para poder implementar proyectos como las alarmas comunitarias o los grupos de mensajes barriales, estas acciones funcionan como medidas de protección mutua y comunicación inmediata.
Otro eje en el que se hace hincapié es la importancia y necesidad de mejoras en la infraestructura del barrio. La nula luminaria de las calles y la falta de poda de los árboles, que a veces obstaculizan las carteleras y luces, son ejemplos de factores que generan “zonas calientes” (lugares que por sus características estructurales, de iluminación, etc., son propicios para los delitos de robo). Peticionar para que problemas como estos sean gestionados y solucionados por encargados de Obras y Servicios Públicos significa una forma activa de participación ciudadana.
Florencia, de 32 años e inquilina del barrio, cuenta que hay presencia policial en la zona. Los patrulleros circulan durante el día y hasta las 20 horas, por eso agrega que “Después de esa hora no salgo más porque no hay postes de luz, así que cuando cierran los comercios y escuelas quedan las calles vacías y oscuras”.
Los planteos de la vecinal se respaldan en datos como mapeos sobre los hechos delictivos; el primero realizado en el periodo pre-pandemia por la institución misma y el segundo, más actualizado, es un relevamiento de la Guardia de Seguridad Institucional (GSI).
Desde mayo de 2022 la GSI patrulla y monitorea la zona como una actividad que forma parte de un proyecto municipal. Entre los eventos relacionados a la inseguridad se destacan los robos o intentos de robo en la vía pública. Estos hechos no tienen un horario fijo, sino que se producen en distintos momentos del día.
Ambos trabajos de relevamiento apuntan a una misma zona. La boca del lobo se diseña desde el oeste en calle San Lorenzo hasta el este en 1ero de Mayo, y de norte a sur recorre avenida General López hasta arañar J. J. Paso.
La inseguridad no afecta solo a los residentes del Barrio Sur, sino también a quienes lo transitan por unas horas. Virginia es estudiante de Comunicación en el Instituto 12 (9 de Julio al 1700) pero vive en Santo Tomé. “A mí me robaron en Monseñor Zaspe y 1° de Mayo, donde espero el colectivo para volver a mi casa”, cuenta. En un golpe de suerte paradójico logró que el delincuente, que se trasladaba en una moto, le quitara nada más que el celular tras explicarle que en la mochila solo llevaba los elementos de estudio. “Ahora prefiero caminar 6 cuadras más para tomarme el colectivo, y cuando escucho que se acerca una moto se me congela el alma, se siente mucha impotencia”, dice Virginia sobre la intranquilidad que padece desde que la asaltaron.
En la provincia de Santa Fe existe un evidente incremento en los hechos delictivos que derivan en más personas privadas de su libertad. Según un informe del Observatorio de Seguridad Pública si se compara el período 2011-2021 hay más del doble de presos en el territorio provincial. En el mismo relevamiento del 2021 se muestra que las unidades penitenciarias santafesinas padecen un exceso de detenidos, y entre los casos más complicados se encuentran Piñero, Coronda y Las Flores con un porcentaje de sobrepoblación del 44,4%, 27% y 24,7% respectivamente. En la ciudad de Santa Fe los casos de fugas en comisarías se han vuelto más comunes en el último tiempo, lo que se relaciona justamente con un desborde de la capacidad en las cárceles. A nivel provincial las sedes policiales tienen una sobrepoblación de 51,1% en promedio.
Ante la problemática que acarrea la inseguridad los últimos días de diciembre de 2021 la legislatura provincial sancionó la ley Nº 14.070. Con ella se declaró el Estado de Emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario en la Provincia de Santa Fe hasta el 31 de diciembre de 2022. Su principal objetivo es “brindar seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas y las problemáticas criminales en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática”. Al Programa de Emergencia en Seguridad Pública y del Servicio Penitenciario creado con la ley antes mencionada se le destinan $3.000.000, para la lucha contra el delito en general. Por otro lado, los hechos concretos se pueden observar con el Plan de Inversión Policial a través del cual, a finales de mayo de 2022, el Ministro de Seguridad Jorge Lagna entregó 29 móviles policiales para el departamento La Capital y confirmó la apertura de dos Escuelas de Formación para personal de la policía (una en Rafaela y la otra en Reconquista).
En lo que respecta a la Municipalidad, conscientes de esta situación, en mayo se reunieron junto a las autoridades de gendarmería para definir la llegada y el desenvolvimiento de los efectivos a la capital. Otro proyecto que está en el tintero es el Comando Unificado de Seguridad que se compone por la policía provincial, el Ministerio de Seguridad, la Municipalidad y las Fuerzas Federales. El objetivo es que las distintas partes del Comando se desplieguen a lo largo y ancho de la capital. A principios de junio 200 federales desembarcaron en Rosario, pero al día de hoy la capital continúa esperando el arribo de las fuerzas de gendarmería.
Sin embargo, y en contraposición a esto, en los últimos meses se observan resultados positivos y satisfactorios del convenio entre provincia y ciudad puesto en vigencia desde abril de 2022. Este acuerdo le entrega a la policía la facultad de retener motos en infracción (falta de documentación, chapa patente, etc.) en la vía pública y desde su puesta en marcha, según un informe del Ministerio de Seguridad de la provincia, se evidencia una baja del 48% en los delitos cometidos por motochorros.
Los santafesinos sienten el peligro próximo, a la vuelta de la esquina, en sus propias calles, a un paso de distancia de sus hogares. Por debajo de las puertas principales se escurren suspiros de tranquilidad después de haber llegado a salvo a casa. Los reclamos son válidos y reales, las respuestas cargan más ineficiencia que soluciones concretas, mientras tanto el lobo sigue al acecho.
Boleto Educativo Gratuito: los derechos que supimos conseguir.
Gonzalo aprieta con ganas el palo de la pancarta, de a ratos le pide a su compañero que la levante, para que se vea bien, que la vean los de adelante, los de atrás, el gobernador, el presidente de la nación si es necesario. Boleto gratuito ya, reza el pedazo de tela. Gonzalo es militante del centro de estudiantes del Instituto Gastón Gori y junto a otros compañeros e instituciones se organizaron para marchar. Hace un frío que congela los huesos, que congela todos los cuerpos que andan lento por calle San Jeronimo. Corre el año 2016. Son los herederos de María Falcone, de Claudio de Acha y de todos los pibes que aquella oscura noche de hace 40 años atrás desaparecieron por exigir boleto gratuito estudiantil en la ciudad de La Plata.
Durante estos años la lucha por un derecho fundamental en el maravilloso país de la educación pública se replicó en todas las provincias argentinas. Desde hace tiempo, algunas como Misiones; Córdoba; Jujuy; Corrientes; San Juan; Buenos Aires y Capital Federal, adoptaron el programa. En el año 2021 fue el turno de nuestra provincia. Pero ¿Cuál es el balance de la implementación del BEG en Santa fe?
Numeritos.
En lo que va de 2022 el programa sumó 131 mil inscriptos en la provincia y desde el gobierno aspiran a superar los 240 mil registrados el año pasado. Cabe destacar que ocho de cada diez inscritos son estudiantes mientras que los dos restantes, docentes y asistentes escolares.
La histórica lucha protagonizada, tanto a nivel nacional como a nivel local, para lograr la implementación del BEG por parte de las organizaciones estudiantiles responde, ni más ni menos que a la posibilidad de que muchas personas puedan estudiar. Ya que resulta una paradoja, por ejemplo, que las universidades sean públicas y gratuitas pero que algunos estudiantes carezcan de la posibilidad de formarse por contar con importantes gastos complementarios, como ser el de la movilidad. Es por eso que la gratuidad de dicho servicio, corta de cuajo con un importante elemento de exclusión
Pongamos por caso, una familia que vive en Santa Fe, con dos hijos estudiando, tuvo durante 2021 un ahorro mensual de $ 4000. Y con el aumento de tarifa este año ahorrará $ 5200. Por otro lado, un docente, asistente escolar o estudiante que realiza el recorrido diario de un pueblo como Humboldt a la ciudad de Santa Fe (57 km de distancia), obtendrá un ahorro mensual cercano a los ocho mil pesos. Es en estos datos donde debemos posar la mirada, datos que aunque parecen reflejar solo números fríos, tienen también la invaluable capacidad de incidir sobre el futuro laboral y profesional de muchísimas personas. Y es allí, en la búsqueda de una mejor calidad de vida, donde reside el objetivo y la victoria de este tipo de luchas colectivas.
Volver a la parada. Ideas concretas para mejorar el servicio de transporte en la ciudad.
Imaginen la cara de sorpresa que haría un vecino de Santa Fe si le contáramos que por disposición municipal un día de semana cualquiera a las 8 de la mañana las líneas de colectivos deberían pasar cada 7 minutos. Así se desprende de la ordenanza 11580 que regula el transporte público en la ciudad, la que por supuesto, no se cumple. Esto evidencia la enorme disociación entre un servicio eficiente programado con demasiadas esperanzas y la realidad palpable de todos los días.
Es dicha disociación la que hace a la gente inclinarse por otros medios de transporte a la hora de moverse. Hecho que debiera revertirse, sumando pasajeros al servicio público, por varios motivos. En primer lugar, porque (como explicamos en la nota anterior) con la cantidad de usuarios al día de hoy las empresas prestatarias carecen de rentabilidad para realizar inversiones y será solo a través de estas que se produzca la mejora del servicio. Entre un gasoil a $98 (las unidades realizan solo 3,7 km por litro) sumado a los cientos de miles de pesos que cuesta cualquier repuesto, incluidos los neumáticos; se producen costos gigantescos en relación a la tasa de ganancia.
Y no se trata aquí de mantener una posición pro empresarial, muy lejos de eso, se busca describir la realidad para ejercer un debate serio entendiendo que el problema es financiero y no ideológico; y que debe resolverse, no por el bolsillo de los empresarios, sino por la suerte de los pasajeros.
Por otra parte, el uso del colectivo mejoraría la movilidad quitando cientos de autos atestados por calles céntricas y avenidas colapsadas, evitaría accidentes por el uso de la motocicleta y reduciría la contaminación por CO2 (en cientos de ciudades el transporte público es eléctrico). Desde diferentes ámbitos, principalmente de casas de estudio como la Universidad Tecnológica Nacional, se elaboraron proyectos para mejorar el servicio y así atraer mayor cantidad de usuarios, los repasamos:
Estaciones multimodales.
Las estaciones multimodales son aquellos lugares que conectan dos o más medios de transporte posibilitando un modo mixto de desplazamiento que busca combinar las fortalezas de cada uno para hacer más eficiente la movilidad urbana. Un ejemplo a llevarse a cabo en Santa Fe podría ser frente a la Estación Belgrano. Allí, por la reciente reactivación ferrocarrilera, llegarán pasajeros en tren de Laguna Paiva. Estos pueden combinar su viaje con las múltiples líneas de colectivos que transitan en dicha zona del Boulevard, a lo que se puede sumar también una parada de bicicletas y de taxis o remises. A la vez construirse un edificio con otro tipo de servicios: un mercado, una oficina de Anses, un pequeño centro de salud, etc. Son formas de integrar el transporte y hacerlo más atractivo para disminuir la dependencia al automóvil.
Carriles exclusivos.
Según afirman los especialistas los 6 km de metrobús que se inauguraron en 2017 sobre la Avenida Blas Parera mejoraron la velocidad del transporte público. Sin embargo el colectivo, luego, al hacer su recorrido por el macrocentro de la ciudad vuelve a niveles bajos. Esto principalmente se produce en la zona sur, cuyo trazado fue pensado para los siglos XVI y XVII para carretas (sí, no es joda), de allí la angostura de las calles y el tránsito lento de los enormes colectivos. Es por eso que se debe construir una red de carriles exclusivos integrados por toda la ciudad, infraestructura que existe en numerosas urbes de latinoamérica, para incrementar la velocidad y la eficiencia del transporte público.
Mayor integración a través de móviles más pequeños.
Integrar los barrios periféricos con las grandes avenidas resulta imperioso para mejorar el servicio. Un ejemplo de estación multimodal que efectúe dicha tarea, podría estar sobre Av. Blas Parera frente al nuevo hospital Iturraspe para conectarse desde allí con los barrios del oeste de la ciudad. El pasajero al venir desde el centro por la avenida, podría subirse a un colectivo más pequeño con tarifa integrada para llegar a su destino. Esto produce beneficios: menores costos para la empresa al tratarse de unidades pequeñas que requieren menos combustible, mayor integración de los barrios con las grandes avenidas, supresión de recorridos extensos y lentos de un solo colectivo (en ocasiones demasiado amplios para entrar por calles barriales).
Microcentro libre de autos.
Como ocurre en la ciudad de Buenos Aires el ejecutivo local podría restringir el uso de automóviles en el microcentro de Santa Fe en el horario pico para priorizar la entrada de transporte público. Esto no solo evitaría calles colapsadas, imposibles de estacionar e intransitables como las que se ven en la actualidad sino que también promovería el uso del colectivo y la bicicleta como medios de transportes limpios y económicos.
Solo resta voluntad política y verdadero compromiso entre el Estado y las empresas. De esta forma los vecinos de Santa Fe tendrán el transporte público económico, seguro y eficiente que se merecen.
Santa demora: el dilema del transporte público en la ciudad de Santa Fe.
Lucía vive en barrio El Pozo y todas las mañanas espera el colectivo para ir a trabajar a un comercio del centro de la ciudad. Hoy, por segunda vez en el mes, la línea 2 demoró más de 50 minutos, y por segunda vez Lucía llegó tarde a su trabajo. El reto de su jefa y la amenaza de que una próxima vez será la última derivó en la bronca de la joven. Pagar 60 pesos por un transporte ineficiente es totalmente injusto, pensó.
Esta situación ocurre a diario en la vida de los santafesinos. El sistema de transporte público atraviesa un momento crítico. La queja de los vecinos por demoras importantes sumado al reciente aumento de la tarifa y a la injusta repartición de los subsidios a nivel nacional, puso la cuestión en el ojo de la tormenta.
La realidad es que a causa de la pandemia la flota de buses disminuyó sensiblemente y aún no logra cubrir a la cantidad de recorridos normales. Según la Municipalidad de Santa Fe el número de unidades funcionando un día tipo de abril de 2019 era de 185 móviles, en 2020 bajó a 65 (efecto covid) y en abril de 2021, según los últimos datos disponibles a los que pudo acceder El Estelar, se ubicó en 146 (78% en relación a la pre pandemia). Las empresas sostienen que no alcanza el presupuesto para aumentar la cantidad.
“La cuestión del transporte público es que aunque viaje una persona o viajen sesenta el móvil hace el recorrido igual. Hoy Santa Fe no es redituable. El pasaje siempre costó 1 dólar, hoy $220. De esa plata $60 pone el usuario, $40 lo ponen los subsidios de provincia y nación y lo demás lo cubre la empresa. Es decir, que la compañía que presta el servicio tiene pérdidas. Pérdidas que se compensan con las ganancias de AMBA” sostiene Marcelo Duquez ex subsecretario de transporte de la municipalidad, docente de la Universidad Tecnológica Nacional y experto en movilidad.
Se entiende así que la cuestión principal es netamente financiera. Según Duquez se genera un círculo vicioso: problemas de presupuesto producen un servicio deficiente, la gente desestima moverse en colectivo y así disminuyen aún más las ganancias empresariales que vuelven a afectar sobre la calidad de la prestación. Un dato interesante se desprende del informe realizado por la Mesa de Movilidad (municipalidad y universidades): mientras que en 2019 el índice de pasajeros por km era de 2,5 en 2021 fue de 1,9. Y durante este año la tendencia no parece modificarse. La solución (quizá la única) sea una luminosa y gigantesca inversión destinada a mejorar definitivamente el transporte público de pasajeros. La pregunta es ¿Quién está en condiciones de hacerla?
Un esbozo de respuesta puede provenir de la repartición más federal de subsidios, hecho que se discute entre fuegos cruzados, a nivel nacional. En cuanto al Estado provincial, si se destinara mayor presupuesto al servicio de transporte público mejorando este tipo de movilidad en detrimento de vehículos como la moto (que ha crecido exponencialmente en Santa Fe) se podrían ahorrar millones de pesos de internaciones en hospitales públicos por los cientos de heridos y accidentados que se producen todos los años. Lo que se ahorraría en el Ministerio de Salud podría pasar al de transporte para mejorar una forma de movilidad más segura, y así invertir el círculo para volverlo virtuoso. Una cosa es clara: es el Estado en sus diferentes estamentos el que cuenta con la capacidad de solucionar el problema. El desafío, se escucha insistente de aquellos que conocen el tema, es hacer que la gente vuelva a tomar el colectivo.